CARBONO LIMPIO, NEGOCIO SUCIO

En este capítulo se utiliza el ejemplo de un fondo de inversión consolidado, un fondo soberano de inver- sión de Noruega, para ilustrar uno de los tipos de mecanismos de gobernanza con los cuales se intenta limitar la inversión en empresas implicadas en la tala ilegal (o en otras actividades contrarias a las normas sociales o medioambientales). Se proporciona una crítica del sistema y se proponen posibles mejoras. LA FINANCIACIÓN DE LA TALA ILEGAL Y EL BLANQUEO DE BENEFICIOS

ELFONDOSOBERANODE INVERSIÓNNORUEGO

oro Grasberg, en la provincia indonesia de Papúa (Gobierno de Noruega, 2008). El Fondo vendió acciones y títulos de Rio Tin- to por un valor de aproximadamente mil millones de dólares, lo que atrajo una gran cobertura mediática.

El ejemplo noruego es ilustrativo porque ejemplifica un enfoque utilizado por muchos fondos a los que se exige que tengan en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus inversiones. Es asimismo importante, ya que el fondo soberano de Noruega es uno de los mayores del mundo, con activos por un valor superior a los 550 000 millones de dólares americanos. Ade- más, recientemente excluyó a una empresa de su cartera, Samling Global, por sospechas de complicidad en actividades de tala ilegal. El sistema noruego tiene tres elementos institucionales perti- nentes. El primero es el Ministerio de Finanzas del país, que es el responsable del fondo. Está asesorado por el segundo, un órgano casi independiente llamado Consejo de Ética. El tercero es una rama del Banco Central de Noruega, que se ocupa de la gestión financiera del Fondo. Tras un proceso de supervisión e investigación, el Consejo de Ética puede recomendar la exclusión de una empresa al Ministe- rio de Finanzas. A continuación, el Ministerio de Finanzas suele consultar al Banco Central, y probablemente también a terceros, antes de tomar una decisión. Si la decisión final es excluir a esa empresa del fondo, el Banco Central dispone de unas semanas para liquidar su posición antes de anunciarlo públicamente. El anuncio de una exclusión puede facilitar una mayor concien- ciación sobre una cuestión ética. Por ejemplo, en el año 2008, Rio Tinto, una empresa minera de primer nivel, fue excluida por su participación en la polémica empresa de extracción de

Sin embargo, más allá de la dimensión de las relaciones públi- cas, este sistema de exclusión presenta numerosas fallas.

En primer lugar, la carga de prueba necesaria para que se consi- dere que se causa un «grave daño medioambiental» (Gobierno de Noruega, 2010a) es sumamente elevada, lo cual supone un enorme desafío para una pequeña secretaría con fondos limita- dos como es el Consejo de Ética, en particular si se contextualiza dentro de las tareas de supervisión e investigación de los muchos miles de empresas que componen la cartera tan diversificada del Fondo. Se podría argumentar que el gestor del fondo, el Banco Mundial, tiene mayor capacidad para identificar e investigar las posibles violaciones de las directrices del Fondo. Por ejemplo, po- dría encargarse esa tarea a los propios gestores de inversión, que están en contacto cotidiano con los consejos de administración y los equipos directivos de las empresas. No obstante, en realidad no se han establecido los incentivos necesarios para motivar a los gestores a investigar las irregularidades de las empresas, en particular si ello pudiera incurrir en una reducción de la renta- bilidad del Fondo y, por extensión, de su propia remuneración. En segundo lugar, cuando se excluye a una empresa, hay pocas pruebas que apunten a que el mercado lo acuse. Por ejemplo, no parece que haya habido ningún cambio en los beneficios arrojados por las acciones de la empresa atribuibles al anuncio

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